El legislador solicitó licencia sin goce de dieta mientras se define de forma definitiva la sentencia en su contra por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py.
El senador Erico Galeano (ANR) solicitó formalmente al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, un permiso sin goce de dieta mientras se resuelve de manera definitiva la sentencia judicial que lo condenó a 13 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
La solicitud se produce en medio del debate político sobre una eventual pérdida de investidura del legislador, luego de que un Tribunal de Sentencia lo declarara culpable dentro del proceso derivado del operativo A Ultranza Py, una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico en Paraguay.
En la nota enviada al Senado, Galeano argumenta que su pedido se sustenta en el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, señalando que la condena aún no se encuentra firme.
Asimismo, el parlamentario pidió que, en caso de concederse el permiso, se tenga en cuenta lo establecido en el artículo 191 de la Constitución, que regula las inmunidades parlamentarias. Según Galeano, estas prerrogativas también deberían aplicarse mientras dure su licencia.
El senador fue condenado tras un juicio que se extendió por seis meses, en el que el Tribunal consideró probado que brindó apoyo logístico a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
Durante la lectura de la sentencia, los magistrados sostuvieron que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas, recursos que —según la investigación— habrían sido utilizados para distintos fines, entre ellos operaciones vinculadas al Club Deportivo Capiatá, institución con la que Galeano mantuvo una estrecha relación.
Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 17 años de prisión, el Tribunal resolvió imponer 13 años de cárcel. La sentencia aún debe quedar firme tras el proceso de apelación correspondiente.
El caso mantiene abierta la discusión política sobre el futuro del legislador en el Congreso y la posibilidad de que se impulse su remoción del cargo.
