El Ministerio Público formuló imputación contra una jueza y varios funcionarios judiciales por la supuesta manipulación y adulteración de documentos vinculados a concursos y conformación de ternas, en un caso que vuelve a salpicar al sistema de selección dentro del Poder Judicial.
Según la investigación, los procesados habrían alterado certificados y documentos administrativos con el objetivo de aumentar artificialmente los puntajes de determinados postulantes, permitiéndoles obtener ventajas en los procesos de evaluación para acceder a cargos judiciales.
La causa apunta a posibles hechos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos no auténticos y otros delitos relacionados con la administración pública. Los fiscales sostienen que existirían elementos que evidencian inconsistencias en las calificaciones y registros presentados ante organismos encargados de analizar las ternas.
La pesquisa también busca determinar si existió una estructura organizada para beneficiar a ciertos candidatos dentro de concursos internos, en medio de reiterados cuestionamientos sobre la transparencia en los mecanismos de selección y promoción dentro del sistema judicial.
El caso genera preocupación debido a que las ternas son fundamentales para la designación de magistrados y otros altos cargos, por lo que una eventual manipulación podría afectar la legitimidad de los procesos de elección y la confianza ciudadana en las instituciones.
