El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, rechazó las acusaciones de supuesta inacción del Ministerio Público en el caso conocido como “campaña sucia” y defendió la decisión de remitir antecedentes a la Contraloría General de la República. La denuncia apunta al presunto uso de fondos públicos para financiar ataques digitales contra periodistas y sectores críticos al Gobierno.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, negó que exista un “cajoneo” de la denuncia vinculada al supuesto uso de recursos públicos para financiar campañas de desprestigio contra periodistas, comunicadores y figuras críticas al Gobierno.
Rolón justificó la derivación de los antecedentes a la Contraloría General de la República, señalando que el caso contiene una importante cantidad de información documental y financiera que debe ser analizada por el órgano de control. La causa está relacionada con denuncias sobre una presunta triangulación de fondos estatales destinados originalmente a programas oficiales, que habrían terminado vinculados a campañas de hostigamiento digital.
“El Ministerio Público cuenta con poco personal para procesar una densidad de información. La inmensidad de tareas que tenemos hace imposible darle una atención eficiente como la comunidad espera”, expresó el fiscal general, al ser consultado sobre los cuestionamientos por la demora en la designación de fiscales.
El caso tomó fuerza luego de publicaciones periodísticas que señalaron supuestos vínculos entre contratos estatales, campañas institucionales como “Hambre Cero”, “Che Róga Porã” y “Plan SUMAR”, y páginas dedicadas a ataques digitales, entre ellas “Despierta Paraguay”. La denuncia penal fue presentada por Hugo Javier Portillo Sosa, bajo patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
En los últimos días, abogados y sectores políticos cuestionaron la falta de designación de un equipo fiscal, advirtiendo una llamativa demora en comparación con otros casos que tuvieron una respuesta más rápida del Ministerio Público. Según publicaciones recientes, el expediente fue remitido al despacho del fiscal general luego de pasar por instancias internas de Delitos Económicos.
Ante las críticas, Rolón adelantó que se conformará un equipo fiscal para dar trámite a la investigación. No obstante, defendió que la intervención de la Contraloría puede aportar elementos técnicos sobre el eventual manejo de recursos públicos, antes de avanzar con decisiones procesales más profundas.
El caso genera fuerte atención pública por el trasfondo institucional: se investiga si fondos estatales fueron utilizados, directa o indirectamente, para financiar estructuras de comunicación orientadas a atacar a periodistas y voces críticas, lo que abriría un debate sobre el uso de recursos públicos, la transparencia estatal y la libertad de prensa en Paraguay.
