Caso Olmedo: casi tres años sin imputación y con la investigación frenada

La denuncia fue presentada por hechos que, según los antecedentes publicados, habrían ocurrido entre los años 2015 y 2016, cuando Olmedo se desempeñaba como director del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín. En su momento, la Fiscalía inició la investigación por supuesto abuso sexual en persona bajo tutela y actos homosexuales con personas menores.

El caso, que inicialmente estuvo en la Fiscalía de Ñemby, pasó luego por otras unidades fiscales tras una serie de recusaciones promovidas por la defensa del denunciado. Actualmente, según los datos del expediente, la causa se encuentra en la Fiscalía Zonal N.º 6 de Fernando de la Mora, a cargo de la fiscala Carmen Bogado Ledesma.

Uno de los puntos más cuestionados por la querella es que, pese al tiempo transcurrido, ni siquiera se habría completado la entrevista psicológica al denunciante. Esta situación vuelve a instalar el debate sobre la lentitud fiscal en causas sensibles y el riesgo de revictimización cuando los procesos se prolongan sin avances concretos.

La defensa de Olmedo ya había negado las acusaciones y sostuvo públicamente que se trataba de una persecución política. La abogada del intendente afirmó en su momento que los hechos denunciados no ocurrieron y anunció acciones por supuesta denuncia falsa, difamación y calumnia.

Recusaciones y dilaciones

El trámite de la causa estuvo marcado por recusaciones contra fiscales de distintas ciudades. Según publicaciones judiciales, Olmedo recusó a agentes fiscales de Ñemby y luego de Villa Elisa, alegando supuestas intromisiones políticas. Uno de los argumentos utilizados fue que Villa Elisa era “tierra de liberales” y que la oficina fiscal se encontraba en una ciudad administrada por autoridades liberales, planteamiento que fue considerado llamativo por su contenido político.

Estas presentaciones derivaron en cambios de unidad fiscal y en nuevos retrasos dentro de una investigación que, hasta ahora, no logró cerrar diligencias consideradas básicas para determinar si corresponde o no una imputación.

En un momento del proceso, incluso se solicitó la desestimación de la denuncia, pero el juzgado rechazó ese pedido al considerar que aún faltaban elementos por recolectar dentro de la investigación. Según esa resolución citada en publicaciones judiciales, la causa debía seguir su trámite y no correspondía cerrar el caso en esa etapa.

Críticas a la actuación fiscal

Más allá de las estrategias defensivas, el principal cuestionamiento apunta a la respuesta del Ministerio Público. La causa cumplirá tres años en noviembre de 2026 y, pese a la gravedad de los hechos denunciados, sigue sin una definición clara.

La demora genera preocupación no solo por la falta de imputación, sino también por el impacto que el proceso puede tener sobre el denunciante, quien continúa esperando que se completen diligencias esenciales.

En casos de presunto abuso sexual contra menores, la actuación fiscal debe ser rápida, cuidadosa y con enfoque de protección a la víctima. Sin embargo, este expediente refleja un recorrido marcado por recusaciones, cambios de fiscalía, pedidos de desestimación rechazados y una investigación que continúa sin resolución.

Mientras tanto, Olmedo sigue ejerciendo el cargo de intendente municipal de Ñemby, en medio de una causa penal abierta y de cuestionamientos públicos por la falta de avances.