La intervención de la defensa pública permitió la anulación de un proceso ejecutivo y la restitución de sumas embargadas a una docente, en un caso que vuelve a poner en discusión la validez de las notificaciones judiciales en juicios de cobro de pagarés.
El juez Fidelino Cáceres resolvió declarar la nulidad de las actuaciones promovidas por la firma Vanessa y Asociados, tras advertir inconsistencias sustanciales en las diligencias de notificación. La medida fue adoptada a partir de los planteamientos de la defensora pública Leticia Casaccia, quien cuestionó la legalidad del procedimiento por vulnerar el derecho a la defensa de la demandada, Ninfa Elizabeth Ramírez Romero.
Según el análisis judicial, varias notificaciones atribuidas a un mismo ujier fueron registradas en fechas y horarios coincidentes, pero en diferentes puntos del país, lo que fue considerado materialmente imposible. “Las notificaciones mencionadas son de cumplimiento imposible, ya que una misma persona no pudo haber estado en el mismo horario y en la misma fecha en lugares distintos y tan lejanos unos de otros”, señala la resolución.
El magistrado también observó que una de las diligencias fue practicada en una institución educativa fuera del horario de funcionamiento, sin constancia de recepción por persona alguna, configurando otro vicio relevante en el trámite.
En base a estos elementos, el juzgado dispuso la nulidad de la notificación realizada en febrero de 2022 y de todas las actuaciones posteriores, incluyendo el embargo ejecutivo y la sentencia definitiva dictada en octubre de ese mismo año. Asimismo, ordenó la realización de una nueva notificación conforme a derecho en el domicilio real de la afectada.
Como consecuencia directa, el fallo establece la devolución de los montos retenidos en concepto de embargo, con impacto inmediato en la situación patrimonial de la demandada.
El caso se inscribe en una serie de procesos bajo revisión por presuntas irregularidades en cobros judiciales de pagarés, en el marco de investigaciones que apuntan a esquemas reiterados de vicios procesales, lo que vuelve a instalar el debate sobre los controles en las notificaciones y las garantías del debido proceso.
