El Consejo Directivo resolvió apartarlo de seis cátedras mientras se desarrolla un sumario administrativo, en medio de un debate sobre el debido proceso y la imagen institucional.
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió por mayoría separar de sus cátedras al docente Fermín Bogado, quien se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de testimonio falso.
La decisión implicó dejar sin efecto su designación como encargado en tres cátedras y separarlo también de otras tres donde se desempeña como docente escalafonado, mientras se desarrolla un proceso de sumario administrativo que determinará su situación definitiva dentro de la institución.
Debate en el Consejo Directivo
Durante la sesión, el decano de la Facultad de Derecho explicó que el docente enfrenta una investigación penal y otra administrativa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que consideró necesario que el Consejo adopte una postura institucional.
“El docente es objeto de investigación penal y administrativa. Necesitamos adoptar una posición; la inacción no es una alternativa porque afecta la imagen y credibilidad de nuestra casa de estudios”, expresó.
El decano propuso aplicar el mismo criterio adoptado en una sesión anterior, cuando la Facultad decidió suspender a docentes vinculados al caso conocido como “mafia de los pagarés”.
Posturas a favor del análisis previo
Algunos consejeros plantearon la necesidad de analizar la documentación presentada por el docente antes de adoptar una decisión.
El consejero Jorge Bogarín sostuvo que sería prudente revisar las notas remitidas por Bogado para realizar un análisis técnico-jurídico más completo.
En la misma línea, la consejera Karen González defendió la trayectoria académica del docente y recordó que la imputación aún no está firme, insistiendo en la importancia de respetar el debido proceso, especialmente en el caso de docentes escalafonados.
Otros miembros del Consejo, como Eduardo Escobar y Nicolás Prono, también señalaron que cualquier decisión debía respetar los procedimientos establecidos en el reglamento institucional.
Argumentos sobre la imagen institucional
Por su parte, la consejera Vanessa Cubas Díaz sostuvo que la Facultad debía actuar para proteger la imagen de la institución, recordando que en casos anteriores se tomaron medidas similares contra otros docentes.
“No podemos decidir de una forma en un caso y de otra en un caso diferente. Debemos actuar con criterios de integridad”, afirmó.
En la misma línea, el consejero Marcos Caballero recordó que en la sesión anterior el Consejo había decidido de forma unánime apartar a docentes vinculados a investigaciones judiciales para resguardar la reputación académica de la institución.
Resolución final
Durante el debate también intervino el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien propuso una solución intermedia: terminar la relación en las cátedras donde el docente era encargado y disponer su separación temporal en aquellas donde era escalafonado, mientras se desarrolla el sumario administrativo.
La moción fue finalmente aprobada por mayoría, con 9 votos a favor y 3 en contra, quedando el docente separado de sus funciones académicas hasta que concluya el proceso interno.
