El juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio prosiguió este viernes con la producción y análisis de pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público, que sostiene la acusación por presunto cohecho pasivo agravado.
Durante la audiencia, la agente fiscal Verónica Valdez destacó informes remitidos por diversas empresas que operan en el país, incluidas firmas dedicadas al blindaje y provisión de equipamiento táctico. Según la Fiscalía, estos documentos buscan demostrar que la empresa Black Eagle no era la única con capacidad de ofrecer dichos servicios en el mercado local, en el marco de la investigación sobre eventuales intereses en la provisión de insumos al Estado.
El Ministerio Público sostiene que Giuzzio habría mantenido vínculos con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius Espínola, actualmente detenido en su país, quien presuntamente tenía interés en convertirse en proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional. De acuerdo con la acusación, este objetivo comercial habría motivado el acercamiento con el entonces titular de la cartera del Interior.
En ese contexto, la Fiscalía atribuye al exministro la recepción de beneficios indebidos, afirmando contar con “certeza plena” respecto a la conducta imputada. Entre los elementos señalados, se menciona que Giuzzio habría permanecido en territorio brasileño entre el 26 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022, utilizando una camioneta presuntamente facilitada por el ciudadano brasileño.
Por su parte, la defensa rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso se basa en elementos irregulares. La abogada Gilvi Quiñónez argumentó que se habrían obtenido pruebas sin orden judicial y que existieron irregularidades en la incautación de documentos en el domicilio del exministro, lo que según indicó afectaría la validez de la investigación.
Asimismo, la defensa sostiene que no se configuró hecho punible alguno, señalando que no existió contrato entre Marcus Vinicius y el Ministerio del Interior ni beneficio indebido para el acusado, además de afirmar que el propio ciudadano brasileño habría negado haber facilitado el vehículo mencionado en la causa.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Adriana Planás, Yolanda Morel y el juez Matías Garcete, deberá valorar las pruebas producidas durante el juicio para emitir una resolución en su momento.
