En el marco del proceso tramitado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la fiscal acusadora Cinthia Vera solicitó la remoción definitiva del juez de Paz Gustavo Villalba, actualmente suspendido en sus funciones, al sostener que existen elementos suficientes que evidenciarían un supuesto mal desempeño en el ejercicio del cargo. El caso se inscribe en la investigación conocida públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.
Durante su alegato, la representante del Ministerio Público afirmó que las pruebas ofrecidas por la defensa no lograron desvirtuar los hechos atribuidos al magistrado. En ese sentido, sostuvo que “ninguna de las pruebas, tanto documentales ni certificados ofrecidos por el acusado y diligenciadas en este juicio de responsabilidad, han sido suficientes para desacreditar los hechos acusados al magistrado”.
La fiscal Vera remarcó que los jueces tienen el “deber indeclinable de administrar justicia conforme a derecho, con estricto apego a las garantías del debido proceso”, y cuestionó una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento del despacho judicial. Entre ellas, mencionó la falta de providencias adecuadas, la omisión en la fecha y numeración de resoluciones, así como deficiencias en el control del cumplimiento de las normas y en la supervisión de las actividades internas del juzgado.
Según su exposición, estas conductas no constituirían meras faltas formales de escasa relevancia, sino que, en un contexto más amplio, podrían integrarse a estructuras de mayor complejidad. En esa línea, vinculó dichas prácticas con el esquema investigado, al señalar que “cuando se insertan en un contexto mayor pueden dar origen a la trama conocida como la mafia de los pagarés”.
La fiscal también describió el impacto sobre las presuntas víctimas, entre las que mencionó a trabajadores del sector educativo, personal de salud y jefes de hogar, quienes habrían sufrido embargos y descuentos que, en algunos casos, superaban las deudas originales o incluso habrían sido duplicadas o triplicadas. “Lo que en apariencia podría ser una simple omisión administrativa, en realidad se convertiría en un mecanismo destinado a despojar ilegalmente a ciudadanos de sus ingresos”, expresó.
Asimismo, sostuvo que muchas de las personas afectadas no habrían contado con recursos suficientes para acceder a mecanismos de defensa, lo que habría profundizado su situación de vulnerabilidad. En ese contexto, señaló que el perjuicio no se limitaría al aspecto económico, sino que también alcanzaría dimensiones psicológicas y sociales.
Finalmente, advirtió sobre el impacto institucional de este tipo de hechos, indicando que la reiteración o tolerancia de conductas irregulares podría favorecer la consolidación de estructuras de corrupción dentro del sistema judicial. “La reiteración de conductas negligentes o irregulares no solo perpetúa el daño, sino que lo amplifica”, afirmó.
Por su parte, el abogado defensor José Fernández Zacur sostuvo que la acusación se sustenta en una interpretación errónea de las funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del sistema judicial. En ese sentido, argumentó que existe una división clara de tareas en los juzgados, señalando que “el ujier debe dar cuenta de sus funciones al actuario” y no directamente al magistrado.
El defensor advirtió que desconocer esta estructura podría derivar en conclusiones desproporcionadas. “Si no respetamos esta lógica de división de tareas, llegaríamos al ridículo de tener que iniciar juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia”, expresó, citando el artículo 4 del Código de Organización Judicial.
Asimismo, cuestionó la imputación de una supuesta conducta omisiva atribuida al juez Villalba, señalando que este tipo de responsabilidad requiere la existencia de conocimiento previo y la posibilidad real de actuar. “La imputación por omisión presupone que el juez haya podido conocer la situación donde tenía el deber de actuar”, sostuvo.
En esa línea, el abogado hizo referencia a la carga laboral del juzgado, indicando que el magistrado debía atender aproximadamente 3.500 resoluciones mensuales y gestionar cerca de 60.000 expedientes activos entre ambas secretarías, lo que, según afirmó, imposibilitaría un control absoluto de todas las actuaciones.
La defensa insistió en que las irregularidades señaladas no pueden ser atribuidas automáticamente al juez sin un análisis integral del funcionamiento del despacho y de la distribución de responsabilidades internas.
El proceso se encuentra actualmente en etapa de análisis, quedando pendiente la resolución final por parte del JEM.
