Durante una manifestación de presuntas víctimas del esquema conocido como la “mafia de pagarés”, realizada frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se expusieron imágenes comparativas sobre la evolución patrimonial y personal de la jueza de paz suspendida Analía Cibils.
La protesta incluyó la exhibición de fotografías que, según los manifestantes, evidenciarían un cambio significativo en su nivel de vida entre los años 2012 y 2024. Las imágenes, recopiladas principalmente de redes sociales, fueron presentadas como parte de un reclamo público que vincula dicha evolución con el esquema investigado.
Una de las voceras de la manifestación, la docente Carmen Rodríguez, señaló que los cambios observados abarcarían tanto el aspecto personal como el patrimonial, mencionando la supuesta adquisición de bienes, mejoras en el estilo de vida y consumo en distintos ámbitos. Estas afirmaciones fueron realizadas en el contexto de una protesta que incluyó consignas críticas hacia la magistrada.
En paralelo, el proceso disciplinario contra Cibils continúa en el ámbito del JEM. La audiencia de alegatos finales, inicialmente prevista, fue postergada tras la presentación de un recurso de reposición que finalmente fue rechazado. El órgano resolvió reprogramar la diligencia para el próximo 30 de abril.
Por otro lado, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) analiza movimientos patrimoniales vinculados a la magistrada. El documento refiere a la adquisición de inmuebles, construcción de propiedades de alto valor y posteriores transferencias mediante donaciones a terceros, en algunos casos de forma reiterada hacia una misma beneficiaria.
El informe también señala que estas operaciones se habrían realizado en periodos relativamente breves y sin respaldo en ingresos declarados que permitan justificar el origen de los fondos. Asimismo, advierte sobre un patrón de movimientos patrimoniales considerados atípicos, con ausencia de trazabilidad financiera y sin una lógica económica clara en términos de retorno de inversión.
Según el análisis, el valor de algunas de las inversiones identificadas superaría ampliamente el patrimonio declarado por la magistrada en su última declaración jurada correspondiente al año 2019.
El proceso ante el JEM sigue en etapa de análisis, mientras continúan las investigaciones relacionadas al esquema de presuntos cobros irregulares a través de juicios ejecutivos.
