La Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de pagarés” volvió a cuestionar duramente a la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que se suman nuevas causales para impulsar un eventual juicio político contra sus ministros.
El vocero del grupo, Pedro Coronel, afirmó que el reciente “blindaje” a abogados investigados por el Ministerio Público constituye un nuevo elemento que refuerza los pedidos de enjuiciamiento. Según denunció, el alto tribunal habría “encajonado” solicitudes de suspensión de matrícula contra profesionales vinculados al esquema irregular detectado en juzgados de paz de la Capital.
Las declaraciones se dieron en el marco de una manifestación realizada frente al Palacio de Justicia, donde víctimas expresaron su rechazo a la postura de la Corte, especialmente tras las declaraciones de su presidente, Alberto Martínez Simón, quien había señalado que los casos serían analizados de manera individual.
Coronel sostuvo que la falta de acción del máximo órgano judicial configura un mecanismo de protección dentro de una estructura mayor. “Existe un engranaje en el que cada institución cumple un rol, y la Corte, con su inacción, termina favoreciendo a los implicados”, expresó.
En ese sentido, el representante de la coordinadora cuestionó la actuación de los ministros, señalando que, a su criterio, existen tres posibles escenarios: incapacidad, falta de voluntad o complicidad. “Tienen las herramientas jurídicas para actuar y no lo hicieron”, remarcó.
Asimismo, instó a los integrantes de la Corte a asumir responsabilidades o, en su defecto, dar un paso al costado. También llamó al Congreso, en particular a la Cámara de Diputados, a avanzar con los mecanismos constitucionales de control.
El grupo de víctimas aseguró que continuará con las acciones públicas y legales para visibilizar el caso y exigir rendición de cuentas. “No son deidades, son funcionarios que deben responder a la ciudadanía”, sostuvo Coronel.
Las denuncias se enmarcan en una serie de cuestionamientos al sistema judicial por presuntas irregularidades en procesos ejecutivos vinculados al uso indebido de pagarés, que habrían dejado a numerosos ciudadanos en situación de indefensión.
