Tras oficializarse un pedido de juicio político en contra suya este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, solicitó al pleno de la máxima instancia judicial un permiso para apartarse del cargo por tiempo indefinido. El ministro está en el ojo de la tormenta tras la supuesta coima que involucra a su hijo, Amílcar Fretes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, presentó este lunes, en una sesión extraordinaria de la máxima instancia judicial, una nota en la cual solicitó permiso para apartarse del cargo por tiempo indefinido.
En el escrito, que tiene fecha 18 de noviembre, el ahora ex titular de la CSJ alega que el motivo de la solicitud serían “cuestiones personales”, aludiendo a su salud como un “asunto ya largamente postergado”.
Durante la sesión, los ministros aprobaron su salida, tras lo cual Alberto Martínez Simón asumió la presidencia de forma interina.
En la ocasión, los ministros de la Corte tampoco abordaron respecto al caso que involucra a Fretes y a su hijo, Amílcar Fretes, por un supuesto pago para dilatar la extradición del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi.
Este mismo lunes, miembros del Partido Patria Querida (PPQ) presentaron ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio para el juicio político a Antonio Fretes, cuya causal principal es la supuesta coima por parte de Amílcar. Referentes de la oposición de la Cámara Baja ya señalaron que acompañarían el pedido de juicio político.
Días pasados se desató una polémica después de que el senador Pedro Santa Cruz diera a conocer un contrato donde se revela un supuesto pago de USD 368.000 de un familiar de Hijazi por prestación de servicio del extraditado en setiembre de 2021 al abogado Amílcar Fretes.
En el documento se señala que, en caso de que el profesional no otorgue «una solución de manera a satisfacer al mandante», tenía que devolver el dinero. Varios legisladores señalaron que se trata de un posible caso de tráfico de influencias por parte del ministro de la Corte.
Al denunciar públicamente el caso, Santa Cruz había manifestado que tanto Antonio Fretes como la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debían ser sometidos a juicio político y que no podían salir «por la puerta grande».
FUENTE DIARIO HOY
