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martes, abril 14, 2026

Nuevo fallo expone graves irregularidades en caso vinculado a la “mafia de pagarés”

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Un reciente fallo judicial volvió a dejar al descubierto presuntas irregularidades en el sistema de notificaciones, en un caso tramitado ante el juez interino Fidelino Cáceres, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el marco de un proceso por cobro de guaraníes.

El análisis de las diligencias realizadas por un ujier reveló inconsistencias llamativas: notificaciones que habrían sido practicadas en fechas y horarios prácticamente simultáneos en ciudades geográficamente distantes, como Monday, Mbutuy, Asunción y Mariano Roque Alonso, lo que puso en duda la veracidad de las actuaciones.

Uno de los puntos más críticos se centró en una notificación del 14 de diciembre de 2021, dirigida a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Según el expediente, el ujier habría dejado la cédula en la entrada de la institución, sin cumplir con los procedimientos formales ni garantizar su recepción, lo que impidió que la afectada tomara conocimiento efectivo del proceso en su contra.

Ante estas irregularidades, el juzgado concluyó que las notificaciones eran de cumplimiento imposible y estaban viciadas de nulidad absoluta. En consecuencia, se resolvió invalidar todas las actuaciones posteriores, incluyendo un embargo ejecutivo y una sentencia definitiva dictada en octubre de 2022.

La decisión fue adoptada tras la intervención de la defensora pública Leticia Casaccia, quien promovió el incidente de nulidad en representación de la funcionaria afectada.

El caso se enmarca dentro de una serie de denuncias relacionadas con la denominada “mafia de pagarés”, un esquema en el que personas son demandadas sin haber sido debidamente notificadas, quedando en estado de indefensión.

Como parte de la resolución, el juzgado ordenó realizar una nueva notificación conforme a derecho en el domicilio real de la demandada y dispuso comunicar al Ministerio de Salud para frenar los descuentos que afectaban su salario.

El fallo sienta un nuevo precedente en la revisión de prácticas judiciales irregulares y refuerza la necesidad de garantizar el debido proceso.

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