En medio de la audiencia preliminar, la intendente de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Fernández del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien fue acusada por lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de unos 1.199 millones de guaraníes, recusó al juez Rodrigo Estigarribia y logró suspender la mencionada diligencia judicial.
La defensa argumentó que no se podría realizar la audiencia preliminar ya que está un recurso pendiente que aún no está resuelto, además que supuestamente se violaron plazos procesales sin el consentimiento de la defensa. Es la cuarta suspensión de la audiencia preliminar.
En marzo del 2023, los agentes fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel, formularon acusación contra Mirtha Fernández (Intendenta de Valenzuela), y otras 11 personas por los presuntos hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa, Asociación Criminal y otros delitos.
Estas personas, supuestamente estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna, cuyo perjuicio asciende a Gs.1.199 millones, proveniente del Fonacide y Royalties.
La presentación fiscal aguarda que sea fijada la fecha de audiencia preliminar en la que deberán resolver si el caso es elevado a Juicio Oral y Público, sin embargo debido a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la defensa de los acusados dicho trámite se encuentra obstaculizado.
Según los antecedentes, Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide. De esa forma los documentos se encontraban dentro de las normativas legales para seguir recibiendo trasferencias del Ministerio de Hacienda en el 2020.
Sin embargo, el descubrimiento de la red se dio cuando los concejales Fabián Flecha, Giraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos, comenzaron a verificar los documentos publicados por la CGR. Los mismos comenzaron a recorrer las zonas de las obras encontrándose con la sorpresa de que no existían, es decir se trataban de “obras fantasmas” que costaron Gs. 1.199 millones.
La supuesta red estaría integrada por la intendenta y el tesorero que firmaba los cheques a nombre de Liz Fleitas (representante legal de MLF Constructora) y Blásido Candia (representante legal de BC Constructora). De acuerdo a los documentos estas serían las empresas ejecutoras de las obras. El encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras.
También estuvieron involucradas, las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras. Asimismo los agentes fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y además el Presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora.
