El defensor público José Torres cuestionó duramente el funcionamiento del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, al señalar que vulneró principios fundamentales como el derecho a la defensa, la igualdad ante la ley y la bilateralidad de los procesos.
En entrevista con El Observador, sostuvo que estas prácticas contravienen garantías esenciales consagradas incluso desde la época de la Revolución Francesa, y que están protegidas por la Constitución Nacional en sus artículos 16 y 17.
Torres explicó que la ley de saneamiento de juicios surge como una herramienta para corregir estas irregularidades, permitiendo restablecer derechos vulnerados a ciudadanos afectados por procesos judiciales que, según indicó, se desarrollaron sin respetar garantías básicas.
Asimismo, defendió el rol activo de los jueces en la corrección de estos casos, señalando que la facultad de actuar “de oficio” está contemplada en el sistema procesal y no representa una excepción, sino una práctica habitual dentro del marco legal.
El defensor también apuntó a irregularidades en la dinámica interna del sistema judicial, mencionando que en algunos casos las estadísticas de resoluciones pueden ser manipuladas, lo que no necesariamente refleja una mejora real en el acceso a la justicia.
Finalmente, insistió en que lo fundamental es garantizar resultados concretos para los ciudadanos afectados, permitiéndoles recuperar su derecho a defensa y revertir descuentos o perjuicios sufridos de manera irregular.
