El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, puso a conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la existencia de seis expedientes vinculados a juicios de interdictos de recuperar la posesión en la localidad de Mariscal López, departamento de Caaguazú.
Según explicó el ministro, todos los procesos tienen como parte actora a Agrícola Entre Ríos S.A. contra varias personas que serían pobladoras de la zona. Ramírez Candia solicitó que los expedientes sean requeridos y puestos a la vista del Jurado para su análisis.
“Todos los expedientes tienen como parte actora a Agrícola Entre Ríos S.A. contra varias personas, que son pobladoras del lugar”, señaló durante la sesión.
El plazo será computado hasta el 8 de junio, fecha en la que el Jurado deberá analizar qué decisión tomar respecto a estos expedientes y definir si corresponde avanzar con alguna investigación.
Por otro lado, Ramírez Candia también expuso el caso de la jueza de Ejecución de Alto Paraná, Margarita Martínez, quien en dos causas habría actuado fuera de su competencia. Según el ministro, la magistrada habría asumido intervención en un caso donde existía una condena penal y se estaban remitiendo oficios ante la fuga del condenado, pese a que no le correspondía intervenir.
El ministro indicó que estos antecedentes serán analizados para determinar si corresponde abrir una investigación preliminar o una investigación de oficio.
El caso vuelve a poner en debate las denuncias sobre una presunta “mafia de interdictos”, que no solo afectaría a juzgados de Mariscal López, en Caaguazú, sino también a otros puntos del país, como Salto del Guairá.
Desde hace tiempo, pobladores y denunciantes advierten sobre supuestas maniobras judiciales en procesos de interdictos, por lo que la Corte Suprema y el Jurado quedan nuevamente bajo presión para revisar la actuación de los magistrados y determinar si existieron irregularidades en estos expedientes
