El abogado Guillermo Duarte Cacavelos sostiene que se habría intentado aprovechar la vulnerabilidad de una mujer de casi 80 años para disponer de bienes millonarios. Cuatro personas fueron imputadas por coacción.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos se pronunció sobre las dos imputaciones que alcanzan a abogados, directivos y funcionarios vinculados a una empresa de seguridad privada, en una causa por presunta coacción, apropiación y otros hechos que habrían afectado a la familia Kress.
Según el representante legal, los elementos preliminares permiten advertir la posible existencia de un mecanismo orientado a disponer de bienes millonarios pertenecientes a la empresaria Beate Verónica Holtker y su hija Kristina Kress, aprovechando la situación de vulnerabilidad de la mujer, quien ronda los 80 años.
De acuerdo con el relato brindado a El Observador Radio TV, la controversia se originó tras la toma de la vivienda de Holtker, presuntamente impulsada por Silvio Rafael Vargas Jacobo, director de Talentos Humanos del Grupo Sevipar S.A.; Roque Gabriel Benítez Insfrán, supervisor de guardias; Natalia Beatriz Holman Lange y José León Avalos Chávez, señalados como quienes habrían impartido órdenes a los custodios.
Duarte explicó que, en ese contexto, la empresaria comenzó a presentar graves problemas de salud y fue internada de urgencia en un sanatorio privado de Asunción por un cuadro de deshidratación, mareos y caídas. Indicó que, durante ese periodo, su entorno habría asumido decisiones administrativas y jurídicas que hoy están bajo investigación.
El abogado afirmó que, tras la internación, se habría impedido el acceso de la hija, Kristina Kress —CEO de Frutika y principal referente empresarial del grupo familiar en Itapúa—, a su madre, lo que obligó a recurrir al Poder Judicial para garantizar su cuidado y asistencia médica.
En paralelo, se solicitó la verificación de extractos bancarios y el estado de los inmuebles, ante la sospecha de posibles actos de disposición patrimonial cuya legalidad se encuentra en revisión.
Antecedentes de la causa
El fiscal Ever Ariel García imputó a cuatro personas por el hecho punible de coacción tras la toma de la vivienda de Holtker, ocurrida el 16 de febrero de 2026.
Según la imputación, guardias de la firma Grupo Sevipar S.A. habrían permanecido dentro de la propiedad bloqueando el acceso al nuevo equipo de seguridad y a personas autorizadas, pese a que el contrato de prestación de servicios ya había sido rescindido.
Los imputados son Silvio Rafael Vargas Jacobo, Roque Gabriel Benítez Insfrán —en calidad de autor— y Natalia Beatriz Holman Lange junto con José León Avalos Chávez —como presuntos instigadores—.
La investigación se tramita en las ciudades de Asunción y San Lorenzo, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de elementos para determinar la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
