El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón dispuso abrir una carpeta investigativa contra el juez Penal de Garantías, Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal por presunto prevaricato tras la denuncia presentada por el ex diputado Orlando Arévalo a través de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien acusa al magistrado de la extracción de datos de celulares incautados, principalmente del ex legislador Eulalio Lalo Gómes, supuestamente de manera errónea.
Designó a los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñanez para aten der la presente causa.
Según la fundamentación de la denuncia, que había presentado Duarte Cacavelos, la descripción de la calidad de víctima dice que lo es quien haya sido ofendido directamente por el hecho. La hipótesis que sostiene Orlando Arévalo es que, a causa de un decisión judicial que violó las garantías del debido proceso en favor de una parte (juez) en desmedro de las otras dos (defensa y fiscalía), fue publicado por los medios de prensa y gracias a la intervención de un juez de garantías como supuesto participante de hechos punibles.
Entonces se tiene que, Orlando Arévalo (en calidad de parte del proceso como sindicado de supuesto autor de un hecho punible) y principalmente el Ministerio Público, aunque aún no lo asuma en su total dimensión (en calidad de parte como titular de la acción penal pública), fueron perjudicados por un hecho punible cometido por el juez de la causa (en calidad de parte del proceso) sobre la base de la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar hechos punibles que lleguen a su conocimiento.
Orlando Arévalo considera, junto con la defensa técnica, que el órgano jurisdiccional accedió al contenido de los equipos incautados indebidamente y rompiendo la cadena de custodia, decidió que la extracción era definitiva e irrepetible y el resultado lo utilizó en su provecho y lo entregó a los medios de prensa antes de convocar a una audiencia para que las defensas y el Ministerio Público accedan a ellas.
