La estructura salarial en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vuelve a quedar en el centro del análisis tras revelarse diferencias significativas entre los ingresos de sus funcionarios y los de magistrados del Poder Judicial.
De acuerdo con los datos disponibles, la secretaria general del Jurado, María Gabriela Irún, percibe una remuneración mensual total de G. 27.950.000. Este monto se compone de G. 17.000.000 en concepto de salario base, G. 4.500.000 por gastos de representación y G. 6.450.000 como bonificación por responsabilidad en el cargo.
La cifra supera incluso los ingresos de un miembro de Tribunal de Apelación, cuya remuneración total asciende a G. 27.730.557, distribuida entre salario (G. 19.305.557), gastos de representación (G. 4.875.000) y bonificación (G. 3.550.000). Es decir, la diferencia mensual es de aproximadamente G. 220.000 a favor de la funcionaria del Jurado.
La comparación se amplía al considerar a los jueces de primera instancia, cuyo ingreso total alcanza G. 22.884.723, compuesto por salario (G. 16.409.723), gastos de representación (G. 3.625.000) y bonificación (G. 2.850.000). En este caso, la brecha es aún mayor.
En niveles inferiores del escalafón judicial, la diferencia resulta más marcada. Un actuario judicial, responsable del manejo de expedientes y tareas administrativas clave en los juzgados, percibe alrededor de G. 10.008.600 mensuales, con una bonificación por responsabilidad de G. 1.100.000. Por su parte, un juez de paz registra un ingreso total aproximado de G. 19.131.250.
Estos contrastes salariales se dan en medio de cuestionamientos sobre la estructura de remuneraciones dentro del Jurado, así como del mecanismo de asignación de cargos en un órgano que cuenta con integración de representantes del Poder Legislativo. La situación se suma al reciente pedido de informes impulsado desde la Corte Suprema de Justicia para analizar el régimen de funcionarios comisionados y sus respectivos salarios.
