En la sesión de la fecha, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, resolvió suspender sin goce de sueldo a las juezas de Paz Liliana González de Bristot de la jurisdicción de San Roque y Analía Cibils de La Encarnación, quienes estarían implicadas en la causa denominada mafia de los pagarés, un caso de esquema de estafas, principalmente a personas jubiladas.
El 10 de febrero pasado, una comitiva fiscal allanó los juzgados de estas dos juezas de donde se incautaron varios documentos relativos de la causa mafia de los pagarés.
De acuerdo a la investigación, se trataría de un esquema de estafa judicial entre los varios estudios jurídicos que cuentan con pagarés, por años ya cancelados y que no habrían sido retirados por los titulares firmantes y a través de los mismos se reinician los juicios a las personas ya habían pagados en su totalidad sus respectivas deudas.
La Corte Suprema de Justicia y había suspendido sin goce de sueldo por 30 días a las citadas juezas y al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta.
La agente fiscal Belida Bobadilla allanó el juzgado de Paz de La Encarnación a cargo de la jueza Analia Cibils, mientras que, la fiscal Luz Guerrero allanó el juzgado de Paz de La Catedral, 1° Turno, del juez Gustavo Villalba. Por otro lado, el fiscal Leonardi Guerrero intervino en el procedimiento llevado a cabo en el juzgado de Paz de La Catedral, 2° Turno, a cargo de la jueza Nathalia Garcete.
Esta mañana se realizaron varios allanamientos relativos a la causa, principalmente en las oficinas de abogados que estarían detrás de los juicios de donde se incautaron varios documentos.
Ante esta situación, la máxima instancia judicial ratificó la Resolución N° 149 del Consejo de Superintendencia, dictada el 25 de este mes, por la cual se dispone la suspensión de los plazos procesales en los Juzgados de Paz de La Catedral Primer y Segundo Turno, La Encarnación, La Recoleta y San Roque hasta el viernes 14 de marzo de 2025.
La medida se adopta en atención al Oficio N° 58/2025 de la Unidad Fiscal N° 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en el marco de la investigación fiscal en curso en los referidos juzgados. El objetivo es garantizar el normal desarrollo de los procesos en trámite y evitar la caducidad de los plazos procesales.
