A través de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, el ex diputado Orlando Arévalo denunció al juez Penal de Garantías Osmar Legal ante la Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema de Justicia ante los supuestos malos manejos de las evidencias, específicamente de la extracción de datos del celular del diputado fallecido Eulalio Lalo Gómes en la causa Pavo Real II.
La denuncia tiene el mismo tener que se presentó ante el Ministerio Público, donde Arévalo denunció al juez Legal por presunto prevaricato.
“Según la fundamentación de la denuncia, la descripción de la calidad de víctima dice que lo es quien haya sido ofendido directamente por el hecho. La hipótesis que sostiene Orlando Arévalo es que, a causa de un decisión judicial que violó las garantías del debido proceso en favor de una parte (juez) en desmedro de las otras dos (defensa y fiscalía), fue publicado por los medios de prensa y gracias a la intervención de un juez de garantías como supuesto participante de hechos punibles.
Entonces se tiene que, Orlando Arévalo (en calidad de parte del proceso como sindicado de supuesto autor de un hecho punible) y principalmente el Ministerio Público, aunque aún no lo asuma en su total dimensión (en calidad de parte como titular de la acción penal pública), fueron perjudicados por un hecho punible cometido por el juez de la causa (en calidad de parte del proceso) sobre la base de la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar hechos punibles que lleguen a su conocimiento.
Orlando Arévalo considera, junto con la defensa técnica, que el órgano jurisdiccional accedió al contenido de los equipos incautados indebidamente y rompiendo la cadena de custodia, decidió que la extracción era definitiva e irrepetible y el resultado lo utilizó en su provecho y lo entregó a los medios de prensa antes de convocar a una audiencia para que las defensas y el Ministerio Público accedan a ellas” es la fundamentación principal de la denuncia.