Más de 300 actuarios judiciales de distintas circunscripciones del país se movilizaron frente al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, para exigir el cumplimiento de la Ley 7000/2022, normativa que establece que estos funcionarios deben percibir el equivalente al 60% del salario de un juez de primera instancia.
El reclamo volvió a poner sobre la mesa la marcada diferencia salarial existente dentro del sistema judicial y organismos vinculados. Actualmente, un actuario judicial percibe G. 8.508.600 de salario base y G. 1.500.000 en concepto de bonificación por responsabilidad en el cargo, sin gastos de representación, totalizando G. 10.008.600 mensuales.
En contraste, el secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gabriel Irún, percibe G. 17 millones de salario, G. 4.500.000 por gastos de representación y G. 6.450.000 en bonificaciones, alcanzando un total mensual de G. 27.950.000.
Desde el Sindicato de Actuarios Judiciales del Paraguay sostienen que la diferencia salarial resulta injustificable considerando la carga laboral y la responsabilidad que implica la función de los actuarios, quienes intervienen directamente en diligencias judiciales, resoluciones y tramitaciones procesales.
“Estamos luchando desde hace dos años por el cumplimiento de la Ley 7000/22. Los jueces tuvieron sus aumentos el año pasado y nosotros seguimos esperando la actualización que debía aplicarse de manera automática”, manifestó Silvia Sanabria, secretaria general del gremio.
La dirigente explicó que el pedido no consiste en un aumento extraordinario, sino en el cumplimiento de lo establecido legalmente. Además, señaló que muchos actuarios trabajan fuera de horario, incluso fines de semana, sin pago de horas extras y, en algunos casos, cubriendo de su propio bolsillo insumos básicos para el funcionamiento de oficinas judiciales.
Otro de los puntos reclamados es la creación del rubro de gastos de representación para actuarios, beneficio actualmente reservado para magistrados y otros altos cargos del sistema estatal.
El gremio asegura contar con respaldo legislativo para incorporar este punto en el próximo presupuesto general, mientras aguardan una definición institucional por parte de la Corte Suprema de Justicia.
