Luis Alberto Quintana Acosta, de profesión mecánico, imputado por los hechos punibles de coacción y amenaza de hecho punible, prestó declaración en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba ante el juez José Delmás y la fiscala Ruth Karina Benítez. Durante su comparecencia, manifestó haber recibido amenazas con el objetivo de que “no diga nada”, incluyendo advertencias de que “tenía una bala a su nombre”.
El procesado afirmó que decidió declarar pese a dichas intimidaciones y señaló a la abogada Zully Ortiz García también imputada y privada de libertad en la misma causacomo presunta responsable de los mensajes amenazantes y coactivos remitidos al medio El Observador.
En su exposición, Quintana sostuvo que los mensajes fueron enviados desde su línea telefónica y perfiles, pero que el dispositivo habría sido utilizado por su entonces pareja, Evelyn Paredes, quien según su versión actuaba bajo directivas de Ortiz García. Indicó además que ambas mantenían comunicación frecuente y que Paredes le refería que la abogada era objeto de publicaciones periodísticas que, a su criterio, afectaban su ejercicio profesional.
El imputado negó haber redactado o remitido personalmente los mensajes intimidatorios contra el director del medio, Carlos Benítez, y otros periodistas, reiterando que el uso de su teléfono fue realizado por terceros. Asimismo, señaló que desde que decidió colaborar con la investigación, habría sido objeto de amenazas y amedrentamientos por parte de personas desconocidas, lo que según expresó pone en riesgo su integridad y la de su familia.
Antecedentes del caso
La fiscala Ruth Karina Benítez imputó a Quintana Acosta por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción (artículo 120 del Código Penal) y amenaza de hecho punible (artículo 235), en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de septiembre de 2025 ante el Departamento Especializado en Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional. En la misma se reportó la existencia de mensajes y publicaciones en redes sociales dirigidos a coaccionar y amenazar al periodista Carlos Benítez, director propietario del medio El Observador, con la finalidad de frenar publicaciones vinculadas a la denominada “mafia de pagarés”.
En el marco de la causa, también se identificaron perfiles en redes sociales —entre ellos “Victoria Triunfante”, “Ysabella Podesta” y “Margaret Thatcher”— que habrían participado en una campaña sistemática de hostigamiento contra el medio y sus periodistas. No se descarta la posible vinculación de estos hechos con otros eventos investigados, incluyendo un atentado contra la vivienda del director del medio.
