El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción y Crimen Organizado, integrado por Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, confirmó la providencia del juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia que aceptó la acusación contra la intendenta de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, Patricia Corvalán y otras 13 personas procesadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
Con esto el expediente vuelve al juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia quien deberá fijar nuevamente una nueva fecha para la audiencia preliminar. En la causa también se encuentra el diputado colorado Esteban Samaniego.
El Ministerio Público pidió la elevación de la causa a juicio oral y público para Patricia Corvalán, actual intendenta de la referida localidad del departamento de Paraguarí y esposa del diputado Esteban Samaniego, debido a que se logró comprobar en el marco de las investigaciones su implicancia en el esquema que desvío de la comuna G. 1.108.599.918, entre los años 2017 y 2018, cuando Samaniego se desempeñaba como intendente.
Las pesquisas señalan que este dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego – Corvalán, de dos plantas, de 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción. El terreno pertenece a la madre del diputado, Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, también acusada en esta causa.
Fueron acusados también por administración en provecho propio y lavado de dinero Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Britez y Blanca Alvarez viuda de Samaniego. Por su parte, fueron acusados por administración en provecho propio y asociación criminal Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramón Vargas Gaete, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Líder Catalino Ramírez Ramírez y Pedro Osvaldo Ettiene Villanueva.
Por asociación criminal fueron acusados Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que, por administración en provecho propio, fueron acusados Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
