La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y la camarista María Belén Agüero, declaró competente al juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú para seguir con la causa de prevaricato por la cual está acusada la ex jueza en lo Civil, Tania Irún.
En su momento, un Tribunal de Apelación anuló la elevación a juicio oral la mencionada causa que había resuelto el juez Joan Paul López y reenvió el expediente al juzgado Penal de Garantías para una nueva audiencia preliminar.
“Con ello, se busca preservar la competencia de los juzgados y tribunales especializados, para la resolución de las cuestiones suscitadas en la causa; entonces de las constancias de autos se verifica que por A.I. Nº 306 de fecha 1 de noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Capital, resuelve: DECLARAR LA NULIDAD del A.I. Nº 742 de fecha 20 de agosto de 2.024, dictado por el Juez Penal de Garantías Nº 11, Joan Paul López Samudio; en consecuencia, RETROTRAER el proceso hasta la realización de una nueva audiencia preliminar, debiendo, una vez firme la presente resolución, remitirse la presente causa al Juez Penal de Garantías que corresponda, para los fines pertinentes, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; resulta claro que la causa es de naturaleza especializada, teniendo en consideración lo establecido en el Art. 1 literal «d» de la ley 6379/2019 en concordancia con el Art. 2 literal «f’ de la Acordada CSJ Nº 1406 del O 1 de julio del 2020, que establece la competencia exclusiva de los Juzgados especializados en delitos económicos y corrupción, para entender en los hechos punibles de «Prevaricato» y la imputación en el presente caso fue formulada en fecha 31 de enero de 2022, estando en vigencia la Ley 6379/2019, por tanto corresponde DECLARAR LA COMPETENCIA del Juzgado de Garantías especializado en Delitos Económicos”, sostiene la resolución de la Corte.
La ex jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
Irún había entregado 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay y en zonas de seguridad fronteriza a empresas presuntamente de maletín. El juez de Garantías Yoan Paul López pudo citar a la exjueza para la realización de la audiencia preliminar luego de que la Cámara de Apelación destrabara el presente proceso penal, ratificando la imputación contra la misma.
