La mayoría de la Corte Suprema de Justicia resolvió no confirmar en el cargo al juez de paz de Teniente Esteban Martínez, Preto Nelson López, y avaló la designación de Alma Rodas, propuesta por el superintendente del Chaco, César Garay. La decisión generó fuertes cuestionamientos dentro del propio pleno, donde se advirtió sobre criterios discrecionales en la evaluación de magistrados.
El ministro Víctor Ríos cuestionó duramente el procedimiento y sostuvo que la continuidad o no de jueces “no puede depender de la mera subjetividad, la discreción o incluso el malhumor” de las autoridades. Alertó que, de mantenerse este esquema, se configura un escenario de arbitrariedad incompatible con un Estado de derecho.
Ríos respaldó la postura de su colega Gustavo Santander, quien defendió la ratificación de López al considerar que no existían irregularidades graves que justificaran su exclusión. Sin embargo, la mayoría integrada por César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón acompañó la propuesta de Garay.
Durante su intervención, Ríos advirtió que este tipo de decisiones pueden responder a procesos de “asesinato de reputación”, caracterizados según explicó por denuncias sin sustento suficiente que terminan afectando la trayectoria de los magistrados. Incluso cuestionó la utilización de mecanismos de control como el seguimiento por GPS, al considerar que vulneran la dignidad de los jueces.
“El ejercicio de las mayorías debe tener legitimidad, de lo contrario se destruyen las bases del Estado de derecho”, sostuvo. Además, anunció que impulsará un proyecto de acordada para establecer reglas más claras y objetivas en los procesos de evaluación y confirmación de magistrados.
Por su parte, Garay argumentó que el juez no confirmado se encuentra enjuiciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque Ríos respondió que dicho proceso es de oficio y no constituye, por sí solo, un elemento determinante para apartarlo del cargo.
La resolución dejó expuesta una división interna en el máximo tribunal sobre los criterios utilizados para la permanencia de jueces, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la objetividad en este tipo de decisiones.
