El juez penal de Garantías Francisco Acevedo admitió la imputación contra cuatro funcionarios vinculados a Vialidad de la Municipalidad de Asunción y una particular, en la causa conocida como “mafia del asfalto”. Los procesados están investigados por el presunto uso de recursos municipales para realizar una obra privada.
El juez penal de Garantías N.º 12, Francisco Acevedo, admitió la imputación presentada por los fiscales Luis Lionel Piñánez y Christian Benítez contra cinco personas en el marco de la investigación conocida como “mafia del asfalto”.
Los procesados son Antonio Prieto Cane, Juan Ramón Galván Aponte, Francisco Javier Valenzuela Lugo y Derlis Rubén Largo, imputados por la presunta comisión del hecho punible de apropiación. También fue imputada Lilian Ramona Benítez Ortiz, esposa de Prieto Cane, bajo la figura de complicidad.
Según la investigación del Ministerio Público, el 11 de julio de 2026 una cuadrilla de aproximadamente diez trabajadores habría utilizado bienes, insumos, vehículos y maquinarias pertenecientes a la Municipalidad de Asunción para ejecutar trabajos de pavimentación en el predio privado de la firma Cóndor S.A.C.I., ubicado sobre República Argentina y Dr. Osvaldo Chávez.
La obra consistió, de acuerdo con los antecedentes de la causa, en la colocación de unos 1.254 metros cuadrados de pavimento caliente en el acceso al taller y lavadero de la empresa. La Fiscalía investiga el supuesto desvío de unas 74 toneladas de material asfáltico y estima en alrededor de G. 100 millones el valor de los recursos presuntamente utilizados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Prieto Cane habría coordinado los trabajos bajo la denominación comercial “AP – Construcciones Obras Viales”, mientras que Benítez Ortiz presuntamente habría intervenido en las gestiones administrativas relacionadas con el cobro del servicio.
Audiencia para el 18 de septiembre
El juez Francisco Acevedo fijó para el próximo 18 de septiembre, desde las 08:00, la audiencia de imposición de medidas para los cinco procesados. Los fiscales solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Además, el magistrado estableció el 27 de febrero de 2027 como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público.
La investigación busca determinar las responsabilidades individuales en el supuesto aprovechamiento de recursos públicos municipales para la realización de trabajos particulares, mientras los imputados deberán enfrentar ahora las distintas etapas del proceso penal.
