Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sostienen un “criterio unánime” respecto a los relatores que integran sus gabinetes: se trata de funcionarios “altísimamente preparados” cuya remuneración resulta insuficiente para las tareas que desempeñan. Así lo afirmó el presidente del máximo tribunal, Alberto Martínez Simón, al ser consultado por El Observador.
El magistrado indicó que los relatores no solo cuentan con sólida formación jurídica, sino que además demuestran “una gran lealtad” hacia los ministros para quienes trabajan. En ese sentido, remarcó que manejan información sensible, como la orientación de los votos, y que se caracterizan por su prudencia y reserva. “Tenemos plena confianza en ellos”, expresó.
De acuerdo con datos oficiales, 228 relatores figuran en el anexo de personal del Poder Judicial para 2026. Sin embargo, solo 182 cumplen funciones en los gabinetes de los nueve ministros, según el informe remitido tras un pedido de acceso a la información pública. Esta diferencia de 46 funcionarios abre interrogantes sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura institucional.
En cuanto a la distribución, los ministros con mayor cantidad de relatores son Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos, con 26 cada uno; seguidos por César Diesel, con 24; Carolina Llanes, con 22; Manuel Ramírez Candia, con 21; Alberto Martínez Simón, con 18; Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón, con 16 cada uno; y César Garay, con 13.
Respecto a la remuneración, Martínez Simón sostuvo que, si bien los montos pueden parecer elevados, en términos reales resultan bajos. Señaló que los salarios no registran incrementos significativos desde hace aproximadamente 15 años y que, con los ajustes en los aportes a la Caja Fiscal, el ingreso neto se redujo. “Por su formación y la confianza que generan, están subvalorados desde el punto de vista salarial”, afirmó.
El Poder Judicial destina más de G. 35.000 millones anuales al pago de relatores. No obstante, las publicaciones periodísticas recientes han puesto el foco en el nivel académico de algunos de estos funcionarios, así como en casos de comisionamiento a otras instituciones del Estado.
En este contexto, persisten cuestionamientos sobre la falta de información detallada respecto a la totalidad de los cargos, lo que alimenta dudas sobre control administrativo y posibles situaciones de planillerismo dentro del sistema.
