Por un abuso a las facultades que la ley le concede, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción, Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, envió al Concejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes de los abogados Álvaro Arias y José Enrique García, representantes de la ex fiscal Ana Girala, acusada por cohecho pasivo, asociación criminal.
“En cuanto a la conducta de los apelantes, por A.I. N° 15 de fecha 11 de febrero de 2025, esta Magistratura resolvió el rechazo de la recusación planteada contra el Tribunal de Sentencia. Posteriormente, la Defensa plantea Apelación General contra dicha resolución, y es resuelto el rechazo por A.I. N° 26 de fecha 24 de febrero de 2025, advirtiendo a la defensa que debe adecuar sus actuaciones a las reglas de la buena fe. Sin embargo, nuevamente, se planteó una apelación general, objeto del presente estudio, contra una resolución dictada por este Tribuna de Alzada.
Con esto, la defensa demuestra un abuso a las facultades que la ley le concede, por lo que en virtud al poder disciplinario conferido por el Art. 113 del C.P.P.,y se procederá conforme a lo establecido en el Art. 114 del mismo cuerpo legal. De igual manera, a los efectos de que la instancia pertinente, realice las investigaciones debidas, respecto a la conducta del profesional, de los hoy recurrentes, es criterio de esta Magistrada, sean remitidos los antecedentes del caso al Consejo de Superintendencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia”, sostiene la resolución del Tribunal.
Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, miembros del Tribunal de Sentencia llevarán adelante el juicio oral y público de la ex fiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otras cuatro personas acusadas por cohecho pasivo agravado y otros.
En la misma causa están: la ex secretaria fiscal Griselda Acha, la asistente Christi Ortega Domínguez y los abogados Marcos Velazco, Liz Martínez y Nélida Alcaraz, en la investigación que fue iniciada por un presunto pedido de coima.
La pesquisa del Ministerio Público se inició ante una denuncia de que supuestamente la entonces fiscala Girala pidió la suma de G. 32.500.000 a un procesado en una carpeta fiscal abierta por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública, para ser beneficiado con una salida procesal.
