En el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”, la exactuaria Martina Rivela declaró ante el Ministerio Público que el abogado José Fúster, uno de los acusados en la causa, contaba con una oficina exclusiva dentro del Juzgado de Paz de La Encarnación, entonces a cargo de la jueza Analía Cibils.
Según su testimonio, las causas vinculadas al estudio jurídico de Fúster y a empresas como Nexo, Carsa y Bristol ingresaban en volúmenes significativamente superiores al resto, alcanzando aproximadamente 1.000 expedientes por semana, frente a unos 50 expedientes comunes.
Rivela sostuvo además que existía un sistema de control dentro del juzgado, donde las decisiones y el movimiento de expedientes eran supervisados directamente por la jueza y funcionarios de su confianza, lo que habría generado diferencias en la tramitación de los casos.
Asimismo, indicó que los expedientes vinculados a determinados abogados se tramitaban con mayor celeridad en comparación con otros, lo que derivaba incluso en reclamos de profesionales que buscaban redirigir sus causas a secretarías donde no encontraban trabas.
La declaración forma parte de las evidencias analizadas en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos, en los que se habrían impulsado procesos con apariencia de legalidad, pero con prácticas cuestionadas dentro del sistema judicial.
