La renuncia de Eduardo José Benítez Araujo a una dirección del Poder Judicial vuelve a poner el foco sobre el entorno familiar del ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera. Y el caso va mucho más allá de un solo funcionario: esposa, hija y yerno del alto magistrado han ocupado cargos relevantes dentro del Estado.

Benítez Araujo, esposo de María Sofía Benítez Sienra, hija del ministro de la Corte, presentó su renuncia al cargo de director de Planificación y Selección de Personal del Poder Judicial, puesto al que había ascendido el 1 de julio de 2025 con una remuneración mensual de G. 21.335.000. En julio de este año también percibió G. 2.493.184 en concepto de viáticos y movilidad.

Su trayectoria dentro de la Justicia llama particularmente la atención por las fechas. Eduardo Benítez Araujo ingresó al Poder Judicial en 2011, justamente cuando su suegro, Luis María Benítez Riera, ejercía la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En 2014 ya figuraba como auxiliar administrativo de Recursos Humanos, con un salario de G. 6.831.690; para 2015 su remuneración superaba los G. 10 millones y posteriormente pasó a desempeñarse como asesor.

Su formación académica también quedó bajo cuestionamiento público. Benítez Araujo figura como abogado egresado en 2017 de la Universidad Privada del Guairá, institución que atravesó procesos de verificación y cuya situación motivó incluso la clausura de varias de sus filiales en 2016. Su título fue registrado ante el MEC en noviembre de 2017 y, según datos publicados, comenzó a recibir desde marzo de 2018 bonificaciones por “grado académico”, beneficio que continuó hasta diciembre de 2025.

Pero el yerno no es el único integrante de la familia vinculado a altos cargos públicos.

La esposa del ministro, María Verónica Lina Sienra Bertón, ocupa actualmente el cargo de directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial. Su situación también fue objeto de publicaciones periodísticas debido a cuestionamientos relacionados con los requisitos académicos para ocupar el puesto.

Mientras tanto, María Sofía Benítez Sienra, hija del ministro y esposa de Eduardo Benítez Araujo, es funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá. Según datos publicados, percibe aproximadamente G. 20.131.760 de salario más G. 7.267.389 de bonificación, lo que eleva sus ingresos a más de G. 27 millones mensuales. También habría ingresado a la binacional en 2011, el mismo año en que su padre presidía la Corte.

Los antecedentes familiares alrededor del Poder Judicial tampoco son nuevos. Ya en 2018 se había informado que incluso Sara Araújo de Benítez, madre de Eduardo Benítez Araujo y consuegra del ministro, había ingresado al Poder Judicial en 2011, nuevamente durante la presidencia de Benítez Riera en la Corte.

La concentración de familiares de una de las máximas autoridades judiciales en distintas dependencias del Estado plantea un inevitable cuestionamiento sobre los criterios de ingreso, promoción y acceso a cargos privilegiados.

No necesariamente toda relación de parentesco implica una irregularidad. Sin embargo, cuando un ministro de la máxima instancia judicial tiene a su esposa ocupando una Dirección General dentro del mismo Poder Judicial, a su yerno con una carrera ascendente que llegó hasta una dirección con más de G. 21 millones mensuales y a su hija en una binacional con ingresos superiores a G. 27 millones, la transparencia deja de ser una cuestión secundaria.

La renuncia de Eduardo Benítez Araujo podrá cerrar su etapa como director, pero no responde la pregunta de fondo: ¿fueron solamente méritos y coincidencias los que permitieron que tantos integrantes del entorno familiar de Benítez Riera accedieran a posiciones privilegiadas dentro del aparato estatal?