La Fiscalía General del Estado, a través de la Inspectoría, ordenó la apertura de un sumario administrativo de la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina, quien estaría vinculada a un sistema de apriete, junto con un agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), al exigir 300 mil dólares al extinto diputado Eulalio Lalo Gómes a cambio de no filtrar informaciones en su contra, caso que había denunciado el abogado de la familia Óscar Tuma.
El caso fue difundido por varios medios de comunicación y que se hizo viral por las redes, por lo que el abogado Tuma presentó una denuncia.
Asimismo, se investiga a la funcionaria de su presunta participación en operativos en los que habría incurrido en irregularidades, como el allanamiento a la vivienda del hijo del diputado, donde, según los denunciantes, se la escuchó dando órdenes para que lo asesinen. También se analiza su papel en los procedimientos «Pavo Real» y «Pavo Real II», en los que Eulalio Gómez era investigado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico.
En el marco de la investigación administrativa, se analizarán posibles faltas administrativas como uso indebido de influencias, cohecho, filtración de información reservada, obstrucción de operativos y conducta indebida en procedimientos. Estos hechos, de ser comprobados, constituirían violaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento Interno vigente.
La Inspectoría General del Ministerio Público ha ordenado la notificación de la funcionaria, emplazándola por un plazo de diez días para presentar su descargo y las pruebas que considere pertinentes. El caso ha sido caratulado como «Sumario administrativo instruido a la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina por la supuesta comisión de faltas administrativas».
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, garantizando que todo el proceso se lleve a cabo conforme a derecho.
